"Aborto Seguro: Conoce los Estados de México que Han Avanzado hacia la Despenalización"

En septiembre de 2021, México experimentó un hito histórico: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que perseguir y penalizar con prisión a quienes interrumpen su embarazo contraviene la Constitución mexicana, que es la máxima ley del país. Desde ese momento, los Congresos estatales se han visto divididos entre aquellos que acataron la decisión de la Corte y modificaron su Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo, aquellos que aún continúan penalizándolo con cárcel y otros que han sido forzados por el Poder Judicial, ya sea de manera local o federal, a realizar dicho cambio. El caso más reciente es el de Chihuahua. Este jueves 30 de enero, la SCJN declaró inconstitucional el delito de aborto, que en ese estado se sancionaba con hasta tres años de prisión. Ahora, el Congreso del Estado se ve obligado a revisar y modificar su Código Penal.

En el caso de Jalisco, el Congreso estatal reconoció la resolución de un Tribunal Colegiado para modificar su Código Penal. El Congreso de Michoacán despenalizó el aborto hasta la semana 12,6 de gestación. El 7 de noviembre pasado, el máximo tribunal mexicano ordenó al Congreso de Chiapas la despenalización de la interrupción del embarazo en la entidad, luego de que el pleno analizara una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, aún hay Estados que no han homologado sus Códigos penales locales. Es decir, continúan penando el aborto y criminalizando a las personas que lo practican, a quienes les ayudan o brindan acompañamiento. El Estado de México es una de esas entidades. Recientemente, la organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que documentó las trabas que enfrentan las mujeres para hacer valer sus derechos reproductivos en ese territorio: médicos que se niegan a brindar atención, malos tratos e incluso obstáculos inventados. Aguascalientes es otro Estado que ha disparado las alarmas de activistas y organizaciones, luego de que el Congreso estatal despenalizara el aborto para posteriormente aprobar una reforma al Código Penal con el objetivo de limitar la interrupción del embarazo voluntaria a un plazo de solo seis semanas de gestación, un retroceso que va en contra de lo que ya determinó la Corte y de lo que indican